El Gobierno de Javier Milei disolvió este martes la Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda, mediante el Decreto 70/2025. Con esa medida, la gestión de los programas vinculados a la vivienda, como el plan Casa Propia, será traspasada a la Secretaría de Obras Públicas.
La principal justificación de Milei es que la política habitacional debe ser administrada principalmente por los gobiernos locales y el sector privado.
En ese sentido, el decreto afirma que “de que la política de vivienda debe ser gestionada principalmente por las provincias, los municipios y el sector privado, reduciendo así la intervención del Estado Nacional en esta materia”.
El cambio llega en un contexto de desintegración de los principales fondos fiduciarios del sector, como el Procrear y el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), los cuales fueron disueltos o están en proceso de disolución.
La Secretaría de Obras Públicas, ahora encargada de la coordinación d ellos proyectos, deberá realizar un revelamiento de terrenos disponibles, y suscribir convenios con gobiernos provinciales y privados para cerrar y transferir las iniciativas de vivienda. A pesar de ello, los gremios señalaron que la decisión podría generar el despido de alrededor de 500 empleados.
La medida se enmarca dentro de la política de Milei de reducir el rol del Estado en la financiación de viviendas, una tarea que considera debe ser asumida por los bancos privados y públicos a través de créditos personales. Esta concepción ha generado preocupación, especialmente dado que van más allá de la capacidad de los municipios y provincia, como el caso de la relocalización de barrios en la Cuenca Matanza-Riachuelo, que fue paralizado por la Corte Suprema el año pasado.
Este recorte en los fondos federales, especialmente en la provincia de Buenos Aires, que ha dejado de recibir más de 220 mil millones de pesos, se produce en medio de una creciente crisis habitacional, en la que se evidencia el aumento de los asentamientos precarios y la falta de acceso a créditos y alquileres se vuelve cada vez más insostenible para la población vulnerable.
En el primer año de la gestión de Milei se paralizaron más de 100.000 obras públicas y se suspendieron más de 1,800 convenios, lo que afectó a más de 170,000 empleos directos y 400,000 indirectos en el sector de la construcción.